Santo Domingo.- La comisión especial de la Cámara de Diputados, creada para investigar a los miembros de la Cámara de Cuentas tras diversas denuncias internas en 2023, concluyó que el presidente de dicho órgano, Janel Ramírez Sánchez, archivó y rechazó de forma ilegal al menos 10 auditorías que mostraban indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil.
Principales hallazgos de la investigación
Violación de normativas:
Los diputados sostienen que las actuaciones de Ramírez Sánchez, anteriores a la investigación, infringieron varios artículos de la Constitución Dominicana, la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, así como disposiciones de la Cámara de Cuentas y de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Deficiente ejecución presupuestaria:
Se constató que la Cámara de Cuentas ejecutó solo el 54 % del presupuesto asignado en 2021 y el 68 % del monto otorgado en 2022, lo que evidencia una ejecución deficiente atribuida al ambiente de conflictos y desacuerdos entre sus miembros.
Incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA):
En 2021 se aprobaron 79 auditorías, de las cuales solo se realizaron 10, mientras que en 2022 se aprobaron 88 y se efectuaron únicamente 2.
Además, la comisión imputó a Ramírez Sánchez la asignación ilegal de fondos públicos al favorecer, con su voto, el pago de una indemnización en la “solicitud de desvinculación” del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas, cuando lo procedente hubiera sido aceptar su renuncia.
La propuesta en cuestión contó con los votos favorables de Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña, y con los disidentes de Tomasina Tolentino de Mackenzie y Elsa María Catano Ramírez.
Deficiencias en el manejo del Pleno:
El informe señala que el presidente de la Cámara de Diputados no convocó el número de sesiones que establece el marco jurídico, incumpliendo en la inclusión de temas sustantivos –como informes de auditorías e investigaciones especiales– en las agendas. Asimismo, votó a favor de informes a remitir al Congreso Nacional sin adjuntar las auditorías correspondientes, afectando el desempeño de la institución que dirige.
La comisión, presidida por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, solicitó al Senado de la República la destitución de todos los miembros involucrados y la apertura de un juicio político. Sin embargo, esta petición fue rechazada por los legisladores.
Auditorías archivadas y rechazadas
Entre los casos analizados se encuentran:
La auditoría de las informaciones financieras incluidas en los estados financieros de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario (del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018).
El informe de Investigación Especial a la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) (del 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2017).
La auditoría de los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) (del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018).
El informe de Auditoría sobre el manejo de fondos entregados por la Junta Central Electoral al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) (del 10 de enero al 31 de diciembre de 2016).
La auditoría de los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal (del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016).
La auditoría de los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez (del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016).
La auditoría de los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y Minas (MEM) (del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016).
La auditoría de los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MEPyD) (del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017).
La auditoría de los estados financieros del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) (del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013).
La auditoría de los estados financieros de la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA) (del 10 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017).
Con estos hallazgos, la investigación pone en evidencia la serie de irregularidades en el manejo y ejecución de funciones de la Cámara de Cuentas, generando un llamado a la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.
